El debate social que se dado a partir del caso Sophie ha tocado, entre múltiples aristas, la restitución de la pena de muerte como un mecanismo de castigo o solución frente a estos casos que asombran a la comunidad en general.
Distintos argumentos y cifras son las que se han utilizado de lado y lado para reforzar su postura e intentar convencer a la mayoría para obtener el respaldo necesario.
Uno de dichos argumentos hace referencia a la nula capacidad del sistema judicial y penal para rehabilitar y reinsertar socialmente a aquellos que han presentado conductas aberrantes o antisociales. En otras palabras, dado que la cárcel y las medidas sustitutivas no han logrado el objetivo de reestablecer o instalar conductas prosociales, la solución debería pasar por otro lado. Pero he aquí el punto en cuestión ¿Es realmente la cárcel y el sistema penal en su totalidad un mecanismo de rehabilitación y reinserción? ¿o es más un sistema de castigo? Al ver las noticias de este u otros casos es común escuchar a las víctimas pidiendo por castigo o por pena efectiva para que sufran en la cárcel. Muy por el contrario, son pocos los casos donde las víctimas piden una sentencia efectiva para que la persona se pueda rehabilitar y participar de buena manera una vez que haya cumplido su condena.
El punto anterior es importante pues devela el verdadero sentido que le hemos dado a la cárcel como mecanismo de solución frente a aquellos hechos que nos vulneran en nuestros derechos de seguridad y vida plena. Debemos entender que no basta sólo con encerrar lo que no nos gusta y esperar que los años hagan efecto. Es fundamental entender qué es lo que ocurre en dicho periodo y porqué las personas han llegado hasta esa condición de vida.
Otro punto que se ha abordado es el costo que implica mantener a una persona privada de libertad, acá se mencionan los controversiales $724.000 mensuales que entregó Gendarmería contra los $294.000 entregados por Sename. Partiré por mencionar que el aspecto valórico al imponer este argumento en primera línea responde a lógicas neoliberales bastante evidentes. Mas, la pregunta que deberíamos realizar como sociedad es si esos montos responden a costos actuales o a cantidades no invertidas previamente en aquellos que viven día a día en contextos vulnerables. Basta con mirar las comunas donde se aplicará el Programa Volver a Empezar, los sectores abordados por la Unidad de Planes Integrales o las características socioeconómicas de aquellos que repletan, hasta el hacinamiento, nuestras cárceles. Como bien lo dijo la Capellana del Centro Penitenciario Femenino Nelly León en la visita del Papa “En Chile se encarcela la pobreza”. Hemos olvidado y rezagado sistemáticamente a aquellos que con el pasar de los años se convierten en sujetos de miedo y de repugnancia social. Creo que desde esa perspectiva los montos mencionados son incluso absurdamente precarios.
Desde la vereda opuesta, se menciona la importancia de mantener los tratados internacionales que abogan por el respeto a los Derechos Humanos y la abolición de la pena de muerte. La característica judicial inherente que hace referencia a la probabilidad de errores que se puedan cometer por quienes imparten justicia y finalmente por el nulo efecto disuasivo que tiene este tipo de condenas, respaldado en la evidencia internacional.
Como sociedad ya definimos que la cárcel, con todo lo que implica hoy en día, es la solución ante las conductas antisociales (mención especial a aquellas conductas que si tienen pena efectiva y aquellos que pueden pagan multas para evitarlas). La discusión siguiente es si deseamos darle término a dichas vidas como manera de resolver nuestro conflicto, fortalecer nuestro sentimiento de seguridad y dar calma a nuestro dolor.
El debate es siempre útil mientras se realice en un espacio de respeto y sin discursos populistas. Innumerables son las experiencias fallidas que tenemos como país al abordar temáticas tan sensibles al calor de la discusión, sin la profundidad necesaria y sin cuestionar las bases de la situación. Las soluciones en extremo simples siempre deberían llamar nuestra atención.
Javier Martínez Saa
Coordinador General 2018
Proyecto Reinserción